Ultimátum de la UE a la morosidad española

La Comisión Europea deja claro que las administraciones deberán abonar sus facturas en 30 días. Además, los plazos de pago actuales serán considerados “contrarios al derecho comunitario” en 2013. La nueva directiva blinda la ley española.

No hay excusa que maquille la morosidad del sector público español. El Estado y, sobre todo, las autonomías y los ayuntamientos están muy lejos de cumplir los plazos legales de pago a sus proveedores comerciales.

La Comisión Europea lo sabe, y por eso ha emitido una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en la que se insta a las administraciones españolas a ceñirse a los plazos de pago legales: tienen que pagar las facturas a sus proveedores en 30 días, y no en 154, media actual. Y les avisa de que tienen de fecha hasta 2013.

“¿Cree la Comisión que es admisible (…) que la mayoría de las administraciones autonómicas y locales incumplan sistemáticamente los plazos de pago a contratistas y proveedores, llegando el período medio de pago del sector público en España a los 154 días?”, preguntó el europarlamentario Ramón Tremosa, portavoz de CiU en el Parlamento Europeo.

La respuesta de la Comisión Europea lleva la firma de Antonio Tajani, comisario de Industria y Emprendimiento. “Las autoridades públicas deben pagar sus facturas en un plazo de treinta días naturales”, asegura. “No obstante, la Directiva permitirá a las autoridades públicas que abonen sus facturas en un plazo máximo de sesenta días naturales cuando se haya acordado expresamente en el contrato y siempre y cuando esté objetivamente justificado habida cuenta de la naturaleza o las características particulares del contrato”, agrega.

A esto último se quieren aferrar algunas administraciones españolas que incumplen los plazos de pago, y también muchas empresas –ya que la directiva permite pactar plazos de pago–. Pero el apartado 3 del artículo 12 de la propia directiva corta de raíz todas sus aspiraciones, con una afirmación categórica: “Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente directiva”. Esto blinda la norma española Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad comercial, que es más restrictiva que la nueva ley marco de la Unión Europea.

Plazos abusivos
Ese punto, el 12.3, es uno de los principales baluartes que tiene la directiva para lograr aminorar la lacra de la morosidad comercial en España. La cultura de los impagos tiene unas raíces muy profundas por todo el país. No en vano, “algunas comunidades autónomas están pagando a más de 360 días y muchos ayuntamientos a más de 600 días”, destacó Tremosa. Tajani contesta: “Una vez que las disposiciones de la nueva Directiva se hayan transpuesto en todos los Estados miembros, las situaciones como las que ocurren en España, según relata su señoría, se considerarán contrarias al Derecho de la UE”.

La Comisión Europea recuerda que con la anterior directiva “el resultado es que los deudores que se encuentran en situación de ventaja pueden fijar largos plazos de pago en sus contratos y es posible que a los acreedores no les quede otra opción que aceptar”.

Acto seguido, Tajani insufla optimismo: “Esta situación cambiará, ya que en la nueva directiva se especifica que, como norma general, las autoridades públicas deben pagar sus facturas en un plazo de treinta días naturales”. La diferencia es que la nueva norma no sólo establece consecuencias para los impagos, sino que armoniza los plazos legales.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la nueva normativa de España, se congratula de que la Comisión haya dado una respuesta “muy clara”. El portavoz de PMcM, Antoni Cañete, señala: “La directiva europea blinda los plazos de pago en los que las administraciones deben hacer sus transacciones con los proveedores. Europa advierte de que los plazos se van a tener que cumplir”.

Por ello, anima a un cambio de mentalidad en España: “Sería positivo trabajar conjuntamente con las administraciones para aprovechar que España ha hecho una ley que se adapta perfectamente a la directiva europea. Así, en 2013 podríamos cumplirla, incluso con creces”.

“La nueva directiva se enmarca en el ámbito de los plazos medios de pago de la unión Europea (57 días, un tercio de los 154 de España), por eso permite a los países con problemas de morosidad articular leyes más estrictas, como la 15/2010”, agrega Cañete “Las administraciones españolas deben tener presente que, una vez se adapten las consignas de la directiva, la Comisión considerará su morosidad contraria a derecho”, apostilla. La cuenta atrás ha empezado.

Fuente: Expansión