Nueva Rumasa ha empezado ya a dejar de pagar a sus inversores particulares

Nueva Rumasa ha empezado a dejar de devolver el dinero de sus inversores, que en algunos casos cuentan ya con pagarés vencidos el pasado 20 de febrero y que no han sido atendidos, según fuentes jurídicas consultadas hoy por Efe.

Los despachos de abogados que prestan asesoramiento a los afectados sostienen que la colocación de los pagarés de las empresas del grupo se hizo prácticamente “a la carta”, ya que los importes y las fechas de vencimiento son muy diferentes.

“Existe una diversidad de cifras en los pagarés, que vandesde 540 euros a 53.240 euros, que hace suponer que estos títulos eran específicos para cada inversor”, explica José Luis Climent, responsable del departamento de Derecho Penal del despacho catalán Jausas.

“Algunos inversores tienen documentada su inversión en un solo título, mientras que otros cuentan con varios títulos“, añade Santiago Viciano, letrado de V Abogados, creado a raíz de la dispersión del despacho Pérez de la Cruz.

Pagarés no atendidos

Climent ha detectado ocho casos en los que los inversores habían recibido pagarés con vencimiento trimestral a partir del 20 de febrero, que no han sido atendidos, aunque la mayoría de los títulos tienen vencimiento en los próximos meses.

Viciano también constata el impago de algunos pagarés y añade que esa situación se podría generalizar en los próximos meses debido al procedimiento para renegociar deuda al que se han acogido diez empresas de Nueva Rumasa.

Según los datos proporcionados por el grupo de la familia Ruiz-Mateos, cerca de 5.000 particulares acudieron a las emisiones de pagarés que hicieron empresas como Carcesa o Hibramer, por un importe total de 140 millones de euros.

Posibles acciones penales

El propietario del grupo, José María Ruiz-Mateos, aseguró el pasado 17 de febrero que “si no pudiera satisfacer las obligaciones de los que confiaron en nosotros y careciera de fe en Dios, me pegaría un tiro”.

Hasta el momento, los despachos de abogados Jausas, V Abogados, Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados y IURE han creado grupos específicos para atender a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa.

Jausas se ha decantado por estudiar la posibilidad de acciones penales, aunque José Luis Climent insiste en que “se deben confirmar los indicios existentes de un posible engaño sobre el destino de las inversiones antes de que haya una investigación penal”.

Otros expertos señalan la posibilidad de analizar demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado, aunque desde otros despachos recuerdan que, en el caso de Nueva Rumasa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hasta siete veces de los riesgos.

En negociaciones con fondos extranjeros

Por su parte, Nueva Rumasa está negociando con varios fondos inversores extranjeros la entrada en su capital tras solicitar el ‘preconcurso’ para diez de sus empresas, entre ellas Clesa, Garvey, Hotasa o Dhul.

El consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos Rivero, avanzó en rueda de prensa la semana pasada que Nueva Rumasa mantiene conversaciones “muy avanzadas” con un grupo inversor extranjero que prevé tomar una participación minoritaria aún por determinar e inyectar capital en el grupo, con una aportación total que inicialmente cifran hasta en 500 millones de euros.

No obstante, las mismas fuentes, han afirmado que todos los fondos con los que está teniendo conversaciones son “confidenciales”.

Oaktree Capital es uno de los fondos de inversión extranjeros que están estudiando entrar en el capital de Nueva Rumasa, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la operación.

Este fondo estadounidense, especialista en empresas en crisis, ha recibido la llamada de la familia Ruiz-Mateos para tratar de reestructurar las sociedades con el objetivo de salvar Nueva Rumasa, que cuenta con un pasivo cercano a los 700 millones de euros.

Para salvar las empresas en situación ‘preconcursal’ se necesita una intervención rápida -antes del plazo de tres meses-, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que las sociedades entren en concurso de acreedores y se trate entonces de sanearlas dentro del proceso de insolvencia.

Fuente: El Economista