Los constructores se rebelan ante los impagos de la Junta de Andalucía

La grave crisis económica que está mermando los ingresos de las Administraciones del Estado provoca situaciones insostenibles, e inéditas, en sectores como el de la construcción.

En Andalucía se ha producido en las últimas semanas una rebelión generalizada y nunca vista hasta ahora por parte de dos patronales autonómicas (la todopoderosa CEA y la asociación sectorial independiente de la construcción Ceacop) y otras tres provinciales (Sevilla, Málaga y Granada) que han criticado muy duramente los impagos acumulados por valor de casi 1.000 millones de euros que la Junta andaluza tiene contraídos con las empresas desde hace fundamentalmente dos años.

Los ayuntamientos andaluces, por su parte, deben otros 1.000 millones al sector, especialmente los de capitales provinciales o urbes como Jerez.

El cambio en alcaldías como la jerezana (que pasa de manos del PSOE al PP) o las auditorías anunciadas por el PP en las capitales de provincia que ha ganado (Sevilla, Jaén y Córdoba), así como en las nuevas diputaciones que va a presidir desde el mes que viene (Málaga y Granada), podrían deparar nuevas sorpresas que harían engrosar esas cifras.

Sin reconocimiento

Las patronales y asociaciones de la construcción acusan a la Junta de ocultar esa deuda al no reconocer oficialmente que tiene que pagarla. Con ello, aseguran, el Gobierno estaría ofreciendo cifras de endeudamiento autonómico (12.800 millones a final de 2010) incompletas. El Ejecutivo trataría así de preservar su calificación crediticia (Aa2 con perspectiva negativa), como ha ocurrido en la última revisión de la misma por Moody’s en marzo, que la mantuvo en ese nivel.

La Consejería de Hacienda ha señalado a este diario que mientras no se reciban en este departamento órdenes de pago reconocidas por las distintas consejerías (Obras Públicas, Medio Ambiente, etc.), no puede contabilizar esos compromisos y abonarlos.

Ese enorme retraso a la hora de reconocer el pago de infraestructuras ya finalizadas es el origen de la rebelión. Algunas de estas deudas, como ha desvelado con sorna pero con indignación la patronal sevillana Gaesco, están expresadas incluso en pesetas, lo que da idea de los retrasos acumulados. Sólo las empresas de Sevilla y Málaga representan el 37% de esa deuda total, 350 millones. A las de Granada les deben otros 80 millones.

Ante la gravedad de la situación, la consejera de Obras Públicas, el departamento que más cantidad adeuda, ha tenido que responder en el Parlamento a una pregunta sobre el tema. Josefina Cruz aseguró: “El volumen de obras contratadas en los últimos años [5.510 millones] y que hoy se encuentran en fase final de ejecución, requiere de una partida significativa de recursos para atender la revisión de precios y la liquidación en estos momentos. El ajuste de recursos que se ha producido en los dos últimos ejercicios ha generado desajustes presupuestarios, al tener la Consejería una programación de carácter plurianual”, reconoció. No obstante, aseguró tajante: “Tienen de la Consejería y de esta consejera la garantía de que van a ser atendidas todas las obras efectivamente ejecutadas”.

Cruz explicó que ya se está contactando con empresas concretas para regularizar pagos, extremo confirmado por Ceacop.

Fiscalía

Más allá de estos recientes contactos, las patronales denuncian el incumplimiento de los plazos de pago que fija, tanto para las Administraciones como para las empresas, la Ley de Morosidad de 2010. Estos plazos están fijados en 50 días para la Administración. Piden por ello, en el caso de Ceacop y también de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (APC), que los fiscales actúen de oficio contra los responsables políticos o administrativos concretos que han gestionado los recursos públicos en estos años.

Ceacop ha ido más lejos y se ha reunido con el Fiscal Superior de Andalucía (adscrito al Tribunal Superior de Justicia autonómico), Jesús García Calderón, quien se ha comprometido con la patronal a investigar los casos concretos que le presenten las empresas. El fiscal analizará la responsabilidad penal, civil o contable derivada de los impagos. Ceacop ya trabaja en una primera remesa de casos.

Días después de esa reunión, y justo cuatro días antes de las elecciones locales, Obras Públicas abonó 32 millones pendientes de cobro por las obras del Metro de Granada desde 2010. Un gesto cosmético que hasta ahora no ha ido a más, ya que las patronales siguen sin tener un calendario de cobro.

Mientras, 200.000 empleos y el 30% de las empresas del sector en Andalucía desaparecieron en 2010. Este año, según Ceacop, peligran otros 60.000 puestos de trabajo y otro tercio del tejido empresarial que aún sobrevive.

Fuente: El Economista