Los ayuntamientos deben 33.000 millones a proveedores

Conforme a la Ley de Morosidad 15/2010, aprobada en junio del año pasado, morosa es aquella empresa que tarda más de 85 días en pagar sus facturas. “Hay un incumplimiento de la ley por parte de la Administración Pública que tarda 157 días en pagar mientras que el plazo legal es de 50 días”, afirma Rafael Barón, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

De acuerdo a un estudio realizado por la Plataforma contra la Morosidad, el plazo medio de cobro pactado en 2010 descendió hasta los 75 días desde los 77 días de 2009, aunque el plazo efectivo aumenta hasta los 93 días, eso sí, también mejor que los 101 de 2009. “Estos ocho puntos que han bajado suponen una inyección de 1.800 millones, que se convierte en una vía de liquidez para las empresas porque no tienen acceso al crédito y ha servido para que las compañías tengan capacidad de autofinanciación reactivando así el empleo. Ahora hay muchas empresas que, para financiarse, tienen una única opción: que les paguen las facturas pendientes”, afirma Barón.

Aunque en el sector privado mejoran los plazos de pagos, el retraso de las Administraciones Públicas es el gran problema. Según la plataforma, los Gobiernos locales son los más morosos y acumulan una deuda de 33.000 millones por impago a proveedores al margen de la deuda que tienen contraída con los bancos.

“Para que se cumpla eficazmente la ley, es necesario que la Administración Pública sea la primera en cumplir la nueva normativa, poniendo en marcha la línea de créditos ICO que prometió y plasmó en la normativa, para que las Administraciones Locales puedan pagar a sus proveedores”, apunta Barón.

En España, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) del sector financiero se cifró en el 5,1% en 2010, superando el 5% de 2009, según la PMcM. Este nivel de morosidad contrasta con el ratio del 2,6% que se registra en la Unión Europea. Tal y como asegura la plataforma, lo que falta en la ley es un régimen sancionador para hacer que se cumpla la ley. No hay sanción y tampoco se cobran intereses, como hacen los bancos, por eso se trabaja en un un régimen sancionador.

Fuente: La Gaceta