Las Administraciones deben casi 6.800 millones a las constructoras cotizadas.

El Gobierno está dispuesto a saldar la deuda de las administraciones con sus proveedores y las constructoras han sido las primeras en reaccionar. En concreto, el sector público español debe cerca de 6.800 millones de euros a las seis grandes firmas que cotizan en Bolsa.

El pasado viernes el Consejo de Ministros puso la primera piedra para solucionar los retrasos en los pagos que las distintas administraciones públicas mantienen con sus proveedores. El sector del ladrillo fue uno de los primeros en aplaudir el Real Decreto en el que se dibuja un boceto de cómo se resolverá este problema. Pero además, las seis grandes constructoras cotizadas han sido las primeras en poner sobre la mesa el importe de las facturas que arrastran con el sector público.

En concreto, la deuda de FCC, el grupo controlado por Esther Koplowitz con el Estado, CC AA y ayuntamientos asciende a 2.100 millones de euros. De ellos, 1.700 corresponden a deuda vencida, es decir, aquella que la compañía espera recuperar en un cobro inmediato. Por partidas, el 75% de esos retrasos proceden de su división de servicios mientras que el 25% proviene del negocio de construcción.

En cuanto a la deuda de Ferrovial Servicios, su consejero delegado Santiago Olivares, detalló en una conferencia con analistas que esta cifra rondaba los 1.000 millones. Sin embargo, Olivares no especificó que importe correspondía a la deuda vencida, que es uno de los requisitos que deben cumplir las facturas “atrasadas” de las constructoras si quieren acceder al nuevo mecanismo de financiación que prepara el Gobierno.

En esa misma presentación, la empresa que preside Rafael del Pino reconoció que la medida beneficiará al grupo, ya que la cantidad que les adeuda la administración tiene un volumen muy significativo. No obstante, aseguró que habrá que esperar a ver como se articula. Algo menores son las obligaciones que el sector público tiene comprometidas con Acciona. La compañía que dirige José Manuel Entrecanales publicó el lunes que la deuda vencida con la administración ascendía a 360 millones a cierre del 2011, de un total de 700 millones. En el caso de Acciona, al igual que FCC, la mayor parte de los impagos proceden de ayuntamientos y CC AA.

Otra de las acreedoras es Sacyr. El director financiero del grupo de construcción y servicios comentó el miércoles ante analistas que su deuda vencida alcanza los 370 millones, de los 260 corresponden a las administraciones locales. “Ojala la medida del Gobierno tenga éxito y cobremos parte de esa deuda”, especificó el presidente de Sacyr, Manuel Manrique.

El impacto de los cobros pendientes se ha dejado sentir en las presentaciones de resultados de 2011. Por ejemplo, en Sacyr. A preguntas de los analistas sobre el deterioro de su margen de maniobra, su director financiero respondió que se vio afectado por los cobros pendientes. “El periodo medio de cobro en el área de servicios ha pasado de los 290 días a los 307 días, lo que implica esfuerzos complementarios para la compañía”.

Por su parte, el presidente de ACS, Florentino Pérez, felicitó al Gobierno por el Real Decreto. “La iniciativa dará mucha liquidez especialmente a pymes y evitará muchos concursos de acreedores”. “Es una de las medidas más importantes que ha tomado el nuevo Gobierno”, recalcó. El ingeniero concretó que el sector público debe 2.300 millones a ACS, 1.600 millones corresponden a ayuntamientos (sin incluir los intereses) y entre 600-700 euros a CC AA. La constructora no matizó si se trata de deuda vencida.

QUITA EN LA DEUDA

Lo que no ha gustado tanto a las constructoras es la quita que contempla el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, donde se detalla que se considerará prioritario el pago de aquellas deudas a las que se le aplique una quita. Aunque la posibilidad de que el descuento en la deuda se generalice más allá del criterio de la prioridad está en el aire. El punto 3 del artículo 8 recoge que en cada fase del mecanismo de financiación, se podrá establecer un “descuento mínimo a ofertar por el contratista sobre el importe del principal de la deuda”.

Sobre esta cuestión, FCC ha sido la más tajante: no perdonará ni un céntimo de dinero que le adeuda la administración. “Pensamos recuperar el 100% de la deuda que mantenemos con la administración”, aseveró Baldomero Falcones, presidente y consejero delegado de la firma en la presentación de resultados. Aunque añadió:  “El tema de la quita no es significativo. Además, todo está por desarrollar”, quiso minimizar Falcones. “Lo significativo es hacer frente al problema como ha hecho ahora el Gobierno. La situación anterior no se podía mantener, se estaba deshaciendo la economía. Ha sido un paso valiente”, declaró.

Respecto a los plazos, FCC confía en que el problema de los impagos de la administración con las empresas se resolverá en verano. Para esa fecha, Falcones calcula que las compañías ya podrán hacer frente a su stock de deuda, al tiempo que las administraciones habrán realizado sus ajustes presupuestarios. Asimismo, FCC espera que el reembolso de la deuda que le debe el sector público se produzca este año.

Tampoco OHL está dispuesta a asumir descuentos. “Rotundamente no”, espetó su presidente Juan Miguel Villar-Mir a preguntas de los periodistas en la presentación de sus cuentas. En total, la cuantía de los impagos de la administración con esta firma es de 328 millones de euros. De estos, 35 millones corresponde a ayuntamientos; 192 millones a CC AA y 101 millones a la Administración Central. Villar-Mir aseveró que esta cuantía es moderada y que esperaba cobrarla lo antes posible.

Acciona mostró mayor cautela. Su máximo responsable, José Manuel Entrecanales, solo indicó que la medida anunciada por el Ejecutivo era la mejor alternativa dentro de las opciones posibles, ya que permitirá a los proveedores cobrar y, por tanto, dará inyección al sector.

POSTURA DE LOS ANALISTAS

Los expertos han mostrado su descontento por esta iniciativa de pago a proveedore. “Decepcionante aprobación”, reconocía Banesto Bolsa en un informe. “No se conocieron los detalles de los mecanismos de financiación ni el montante (ambos puntos clave) y deberemos esperar algunas semanas en conocer los detalles”. Además, la firma de análisis recalca que la preferencia de cobro a los que asuman un descuento resta parte de atractivo financiero.

A su juicio las compañías más expuestas, parcialmente descontado y asumiendo una quita del 50% son FCC, con un impacto de 7,9 euros por acción, ACS (3,3 euros por título), OHL (0,8 euros por acción), Ferrovial (0,7 euros por acción) y Sacyr (0,6 euros por acción).

Banesto dice además en su nota que, en principio, un pool de bancos pagarán a los proveedores las deudas de las administraciones locales. “Aunque podría comenzar el cobro en mayo y en diversas fases, el Gobierno no se ha comprometido a cumplir ningún tipo de plazo al respecto”. “En cualquier caso, seguimos consideramos que la potencial financiación del BCE como la aprobación de la ley de responsabilidad presupuestaría debería facilitar su viabilidad”.

Fuente: Invertia.com