La morosidad eléctrica de los municipios.

La morosidad de las Administraciones Públicas alcanza a un buen numero de empresas y suministradores de diversos sectores de la economía, desde la sanidad a la recogida de basuras. Y el sector eléctrico no es una excepción.

Multitud de organismos públicos, entre ellos numerosos ayuntamientos, adeudan a las eléctricas más de 500 millones de euros por el suministro de luz. Desde 2009, estos organismos estaban obligados a abandonar las tarifas reguladas y negociar un nuevo contrato con las eléctricas, pero ese paso les obligaba a saldar las deudas pendientes. Para no afrontar sus obligaciones, lo que han hecho la mayoría de los responsables de ayuntamientos y organismos es no darse por enterados y no regularizar su situación.

En principio, esto habilitaba a las compañías eléctricas a tomar medidas y presionar con el corte del suministro en aquellos servicios no esenciales, lo que hubiera puesto en una tesitura bastante incómoda a los responsables públicos de diferentes signos políticos. Eso ha llevado al Ministerio de Industria estos últimos años a ampliar los plazos para que los ayuntamientos y organismos públicos se adapten. Y parece que el nuevo Gobierno va a seguir por la misma línea.

Si ya cuando los organismos públicos gozaban de salud financiera las eléctricas tenían problemas para cobrar la luz, ahora con la precariedad de las cuentas públicas se antoja casi una quimera. No sirve como excusa. Ya es hora de que las administraciones ajusten sus estructuras y hagan frente a sus obligaciones como el resto de la sociedad.

Fuente: Expansion.com