La morosidad de las Administraciones ahoga a pymes y autónomos

Las Administraciones catalanas pagan cada vez más tarde a sus proveedores. Aunque el año pasado se aprobó la nueva Ley de Morosidad, que establece que el sector público debe pagar en 50 días (en 30 a partir de 2013), ahora están pagando de media a 157 días: más del triple. Lo dice una encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, cuyos responsables alertan de que la demora en los pagos está ahogando a las pequeñas y medianas empresas. “La morosidad, sobre todo de los Ayuntamientos, se ha convertido en la primera causa de pérdida de puestos de trabajo y de cierre de pymes”, afirma Antoni Cañete, portavoz de la plataforma.

Cañete, que también es vicepresidente de la patronal PIMEC, no tiene reparo en manifestar que “las Administraciones, que no se pueden endeudar, lo están haciendo a través de los proveedores y lo más grave de todo es que los plazos empeoran”. La encuesta de la plataforma situaba los plazos de pagos en 2009 en 154 días, tres menos que en 2010. “España es el país donde peor paga la Administración después de Grecia”, alerta. Cañete destaca dos cifras globales: que desde el inicio de la crisis, en 2008, han cerrado en España 400.000 empresas y que los Ayuntamientos tienen una deuda reconocida de 3.000 millones de euros.

La nueva ley se aprobó el pasado verano tras “una cruzada” que las pymes iniciaron en 2004 con la creación de la plataforma. Introduce mejoras, como que los plazos de pago comienzan en el momento de la entrega de la mercancía o servicios, que las empresas pueden pedir intereses de demora y que incluso pueden ir a los tribunales de lo contencioso administrativo para pedir que se retenga la deuda. A priori son mecanismos útiles, pero sólo han funcionado para el sector privado: los plazos han pasado de 101 días a 93, cuando el límite legal es de 85 (deberá situarse en 60 en 2013).

El profesor del Departamento de Política de Empresa de ESADE Ignacio Mur considera la deuda del sector público “definitiva para la no continuidad de las pymes”, “las está ahogando”, sostiene, y se muestra muy duro con las Administraciones y los legisladores: “Estamos gobernados por economistas teóricos y los que han redactado la ley no han pisado una empresa”. Mur asegura que “la cuestión va a peor, porque las administraciones están cada día más desgastadas”. Si a todo esto se suma la restricción del crédito y que los bancos han dejado de anticipar pagos a las empresas que están pendientes de cobro -el llamado factoring-, la bola se hace enorme.

El experto alerta de otra circunstancia: “Es increíble que si una Administración te debe dinero no puedas compensarlo con el pago de un impuesto, sería lícito y no está ni contemplado”, lamenta. Mur explica el caso “escandaloso” de cuando el moroso es el Ministerio de Hacienda: empresas a quienes Hacienda les debe, por ejemplo, el IVA y a la vez deben seguir pagándolo. “Dios aprieta y ahoga”, concluye, y considera que “compensar la morosidad con otro pago público paliaría el problema”.

La morosidad del sector público protagonizó la apertura la semana pasada del Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional, que congregó a 400 empresarios de la limpieza en Barcelona. Josep Tres, presidente de la ACEN, la asociación catalana del sector, pinta un escenario “crítico, que empeora, donde el sector público amplía los plazos”. Las empresas temen mayores incumplimientos después de las elecciones municipales, dice Tres, que se refiere a departamentos como el de Educación, que está pagando a cuatro, cinco y seis meses, y el de Cultura, que ha reducido drásticamente el presupuesto.

Pese a tener motivos, cuesta encontrar víctimas de la morosidad que expongan públicamente sus casos. Un autónomo del sector de la comunicación asegura que la Generalitat paga hasta a nueve meses: “Tienen la cortesía de avisar, de forma que se convierte en un ‘lo tomas o lo dejas’ y, tal como está la cosa, lo tomas. Aunque, claro, es una rueda, y si no te pagan, no pagas tú”.

Otra empresa, de diseño gráfico, optó hace meses por no trabajar con el sector público: “Adiós a grandes proyectos y hola a la tranquilidad”, destacan, y argumentan: “Un autónomo nunca debe financiar a la Administración. ¡Sería el colmo!”.

Fuente:  El País

¡Ni un puñetero euro!

Quien no tiene reparo en explicar su caso es Núria Jarque, administradora de Rebsa, una empresa familiar que se dedica a los servicios de agua potable. Acumulan una deuda con Ayuntamientos de más de 400.000 euros. El de Almorox (Toledo) les debe 200.000 desde 2007.

“Nuestra situación es dramática. Estamos tramitando un expediente de regulación de empleo para reducir jornada y nos planteamos despidos”, asegura Jarque. “Antes los bancos aceptaban el factoring, pero ahora nos niegan cualquier línea de financiación”, alerta.

La empresaria asegura que han expuesto su situación a la Comunidad de Castilla-La Mancha y que, tras muchas llamadas de presión, lo único que han conseguido como respuesta es la advertencia de que la Administración “no tiene un puñetero euro”. El paso siguiente, tal como prevé la ley, es acudir a la vía de lo contencioso administrativo. En eso está la empresa Rebsa.