La Ley de Morosidad no impide que el plazo de pago del sector público siga en 157 días

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, según Torres, ha asegurado que los 2.300 millones de euros de los anunciados Presupuestos Generales de 2012, que se destinarán a que las administraciones públicas paguen a sus proveedores (medida anunciada recientemente por el Gobierno), podrían salvar miles de puestos de trabajo.

Aunque está por ver su eficacia. “Es necesario que el Gobierno articule mecanismos oportunos y de control para que el aumento de estas aportaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en los próximos presupuestos sean realmente finalistas y sirvan para pagar efectivamente las deudas pendientes”, señala otro portavoz de esta organización, Antoni Cañete. En su opinión, los 2.300 millones de euros “no son suficientes, aunque bien es cierto que la propuesta va en la dirección adecuada para solucionar la dramática situación que están viviendo las empresas proveedoras, especialmente pymes y autónomos, por las deudas que tienen pendientes con las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos”. En los últimos meses se ha constatado un alza de estas deudas “al no poder el sector público aumentar más su endeudamiento”, aclara.
En 2011, el plazo medio de pago en España (incluido el acordado y los retrasos) duplica al europeo. Así, ha pasado de 103 días en 2010 a 106 en 2011, una cifra que en Europa se sitúa en 53 (frente a los 52 de 2010). Concretamente, la administración pública española continúa pagando sus facturas en un plazo de pago real de 157 días, el mismo que en 2010; y las empresas han aumentado un día respecto al año anterior sus plazos de pago, hasta los 99 días.
Destaca el cambio de tendencia en el comportamiento de pago de los consumidores quienes, lejos de disminuir sus plazos de pago, lo han aumentado un 15%, hasta los 68 días, frente a los 59 de 2010. Salvaterra sostiene que “estas cifras muestran la necesidad de legislar también a los consumidores a través de la Ley de Morosidad, que cumple un año, ya que sus impagos o retrasos pueden suponer la diferencia entre que una empresa continúe o no en el mercado”. Los datos europeos reflejan que la administración pública paga sus facturas en un plazo de 65 días, las empresas en 56 y 40 jornadas en el caso de los consumidores; unos datos que, en algunos países, marcan una diferencia de hasta cien días respecto con España

Fuente: Levante-EMV.com