Inversores en pagarés de Nueva Rumasa comienzan a agruparse

Los suscriptores de las emisiones de pagarés y participaciones sociales de Nueva Rumasa han dado los primeros pasos para defender sus intereses tras la apertura de procedimientos ‘preconcursales’ en una decena de empresas de la familia Ruiz-Mateos.

Cientos de ellos estudian ejercitar acciones penales por presunta estafa y publicidad engañosa, pues los indicios apuntan a que Nueva Rumasa habría creado la apariencia de que las emisiones servirían para adquirir empresas o invertir en su expansión, cuando, al parecer, las inversiones recibidas se habrían utilizado para pagar deudas anteriores.

Por ejemplo, el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados ya trabaja en la ‘Plataforma de afectados Nueva Rumasa’, que actualmente representa a unas 800 personas.

Según el director del departamento mercantil de este despacho, Enrique Sanjuán, el bufete se ha econtrado con “una serie de personas muy asustadas” porque algunas de ellas han invertido “el único patrimonio y los únicos ahorros que tenían”.

Otro despacho que trabaja con potenciales afectados de Nueva Rumasa es V Asociados, que ha recibido entre 100 y 200 consultas de inversores de toda España, sobre todo de suscriptores de las dos primeras emisiones.

“Si se configuran dos o tres grupos importantes se podrá actuar al nivel de una entidad financiera en el concurso”, remarca Santiago Viciano, abogado de este bufete.

Procesos repartidos por media España

Los expedientes de los procedimientos preconcursales solicitados por Nueva Rumasa para sus empresas están repartidos por juzgados de cinco comunidades autónomas, según fuentes jurídicas.

Nueva Rumasa “no es un grupo empresarial como tal“, ya que son distintas empresas que tienen en común la participación principal de la familia Ruíz Mateos, por lo que no consolida cuentas anuales y carece de una matriz sobre las demás sociedades.

En concreto, los expedientes de la empresa láctea Clesa y del club Rayo Vallecano han sido derivados a los juzgados de lo Mercantil número 6 y número 3 de Madrid, respectivamente.

En Andalucía, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha emitido ya el auto de admisión del ‘preconcurso’ de la alimentaria Dhul, en tanto que la comunicación de Bodegas Garvey ha entrado en el registro y será derivada previsiblemente esta misma semana al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz número 1.

Según las mismas fuentes, se prevé que el expediente de la división hotelera Hotasa entre en los juzgados de Málaga.

Igualmente, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) se tramitará con toda probabilidad en Extremadura, al tener su domicilio social en esta Comunidad Autónoma, lo mismo que ocurrirá con Queserías Menorquinas en Baleares y con Elgorriaga, Trapa e Hibramer en diferentes instancias de Castilla y León.

La dispersión ayuda a empleados y proveedores

Según Agustí Bou, experto en derecho concursal del bufete Jausas, en caso de que las empresas entren en concurso de acreedores, la dispersión de los procesos en varias comunidades favorecerá a los pequeños acreedores -proveedores, trabajadores- mientras que la acumulación en un sólo juzgado será mejor para las entidades financieras y para los inversores en pagarés.

En el caso de estos últimos, el abogado señaló que algunos de estos pagarés pertenecen a una empresa de la familia Ruiz-Mateos, pero están garantizados con activos de otra de sus sociedades, por lo que les beneficiaría que una misma administración concursal y un mismo juez velaran por mantener el patrimonio de la sociedad en insolvencia.

Fuente: El Mundo