Empresarios asfixiados por la deuda municipal.

Asfixiado, lastrado por la inversi√≥n realizada, sin remuneraci√≥n a la vista. Testigo de c√≥mo la administraci√≥n, su cliente, quebranta sistem√°ticamente la ley para convertirse en morosa. Y de c√≥mo los ayuntamientos abanderan este incumplimiento. El peque√Īo y mediano empresario acumula facturas a la espera de la ejecuci√≥n del¬†plan gubernamentalpara sanear la deuda con dudas sobre el procedimiento y desconfianza en que los impagos no vuelvan a acumularse.

N√ļria, Salut y Olivier constituyen tres ejemplos palmarios. A la cabeza de tres pymes, han contemplado sus cuentas flaquear con proporcional velocidad a las arcas municipales.¬†Ca√≠das de facturaci√≥n de hasta el 50%, despidos del grueso de la plantilla y farragosos procesos judiciales abiertos resumen las consecuencias de exceder con amplitud el l√≠mite de pago estipulado. Un abono en los 40 d√≠as que marca la legislaci√≥n vigente es excepci√≥n rese√Īable para estos empresarios, recibir lo pactado en 90, algo habitual, y conseguirlo rebasado el a√Īo y medio una experiencia que los tres han sufrido.

Olivier Perrault, gerente de Doublet Ib√©rica, denuncia que el consistorio de Castellar del Vall√®s, en Barcelona, paga por sus servicios a dos a√Īos mientras cobra puntualmente las tasas municipales. O c√≥mo ya lleva¬†esperando tres para percibir los 50.000 euros adeudados por el ayuntamiento de Ja√©n. Esta filial de una empresa gala que fabrica e instala equipamientos para eventos, como escenarios o carpas, ha afrontado un¬†aumento de la morosidad del 10% anual en los tres √ļltimos ejercicios, con lo que se ve “totalmente comprometida” la viabilidad de su negocio y se felicita de depender de un grupo franc√©s que pueda sustentarlo. “All√≠ los impagos se castigan, aqu√≠ los ayuntamientos esconden sus deudas para que los bancos les concedan cr√©ditos”, lamenta.

La aproximaci√≥n al rigor europeo que reclama este empresario est√° obligatoriamente prevista para 2013, cuando la ley antimorosidad reducir√° a 30 d√≠as el l√≠mite de pago de una administraci√≥n p√ļblica a su proveedor, y una directiva europea obligar√° a su cumplimiento, so pena de sanciones. El af√°n del Ejecutivo por fulminar la deuda acumulada se antoja providencial para lograrlo, pero las dificultades del proceso y su futura reproducci√≥n planean. “Llevamos muchos a√Īos haciendo las cosas muy mal.¬†Los plazos de pago han pasado de 157 d√≠as en 2010 a 162 en 2011. Cuando tendr√≠amos que ir a reducirlos, vemos que se incrementan. Se ha comenzado un camino de reconocimiento de la deuda y compromiso de pago, pero nos hace falta uno de cumplir la ley”, se√Īala Antoni Ca√Īete, secretario general de la patronal Pimec y representante de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Salut Ribera es la propietaria de Naturalea Conservaci√≥, empresa dedicada a trabajos de restauraci√≥n en espacios naturales y que trabaja, casi por entero, con entes p√ļblicos, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones. La disminuci√≥n de la actividad ha lacerado su corporaci√≥n junto a la morosidad, provocando que su facturaci√≥n haya descendido de los dos millones de euros de hace dos a√Īos, al mill√≥n del pasado y empuj√°ndola a una exhaustiva reestructuraci√≥n que ha implicado el¬†despido de 23 de sus 26 empleados. Salut dice no cobrar nunca antes de los tres meses, marca el a√Īo como plazo habitual y atesora ejemplos como el del Ayuntamiento de La Palma, que le debe 65.000 euros desde hace seis meses o el de Ja√©n, el mismo que adeuda a Olivier 50.000 euros, y que acaba de ser condenado a desembolsar a esta empresaria los 140.000 que le tendr√≠a que haber hecho llegar hace un a√Īo y medio.

Representaciones Bl√°zquez, la corporaci√≥n de suministro de agua que dirige N√ļria Jarque, tambi√©n ha visto reducida a la mitad su facturaci√≥n. √Čsta lo achaca exclusivamente a los¬†impagos municipales, que seg√ļn un estudio de la patronal de peque√Īas empresas Cecot, suponen el¬†87% de los incumplimientos del sector p√ļblico. Tampoco ella ha escapado a la espera judicial: tres a√Īos para obtener una sentencia. “Los bancos se niegan a refinanciar y, en muchos casos, cuando el fallo llega, la empresa ya ha quebrado”, alerta.

‘Demandar, demandar y demandar’

David R√ļa se enfrenta diariamente a trances de este tipo. Este abogado, especialista en morosidad y asesor de la citada patronal, denuncia situaciones “surrealistas”, como la de un cliente al que la Generalitat Valenciana¬†debe 100.000 euros y ha tenido que avalar dicha cantidad para cobrar por adelantado la deuda. Reclamar el ingreso por anticipado es posible cuando el montante supera los 30.000 euros, pero tambi√©n es frecuente que el juez exija esa garant√≠a para cubrir la posibilidad de que el demandado gane el proceso. “Cobrar de una administraci√≥n p√ļblica es un camino muy tortuoso, pero trato de convencer a mis clientes de que demanden a mansalva”, relata R√ļa. Y apunta que, en el caso de las corporaciones locales de menor tama√Īo, acudir al juzgado se convierte frecuentemente en garant√≠a de pago inmediato.

El letrado propone, adem√°s, la inclusi√≥n de cl√°usulas de responsabilidad para castigar actuaciones de los alcaldes “caraduras” que “casi rozan la estafa”, como “continuar adelante con proyectos que sab√≠an de antemano que no pod√≠an pagar, s√≥lo para mantener los votos”.

El castigo ser√≠a deseable para Olivier, Salut y N√ļria, pero su preocupaci√≥n capital es el cobro. El cobro √≠ntegro o con los m√≠nimos matices. Que el plan de choque del Ejecutivo incluya preferencia en el abono para aquellas empresas que¬†perdonen parte de la deuda es rechazado por los tres gerentes. N√ļria y Olivier no aceptan ni tan s√≥lo renunciar a los intereses de demora o los gastos bancarios, no lo contemplan dado que su abono “est√° recogido en la ley”. Salut s√≠ olvidar√≠a esta porci√≥n de lo adeudado pero, como sus hom√≥logos, se cierra a negociar sobre la base del impago. “Puedo perdonar el 2%, pero no el 30%”, zanja.

Una ‘subasta perversa’

Esta cl√°usula ha despertado un rechazo coral. Ca√Īete advierte de que el Gobierno est√° yendo a una “subasta que genera una situaci√≥n injusta y perversa”. El secretario general de Pimec entiende que este mecanismoempujar√° a las empresas “m√°s desesperadas” a actos “temerarios” con tal de situarse al inicio de la cola de cobro. Adem√°s, evidencia la diferente flexibilidad en funci√≥n de la tipolog√≠a de la corporaci√≥n: “Una industrial ha tenido que comprar la materia prima, con lo que su capacidad de descuento es relativa, una de servicios, no, con lo que puede tener m√°s margen”.

M√°s all√° de la inminencia del reembolso y sus condiciones, los tres empresarios no pueden dejar de redundar en su verdadera obsesi√≥n: “Que se cumpla la ley”. Lo hacen sabedores de que el marco ya preve√≠a evitar que se alcanzase el nivel de endeudamiento municipal actual y temerosos de perpetuar¬†subterfugios ya aplicados. “Con el Ayuntamiento de Barcelona acabo cobrando a 120 d√≠as, porque siempre intervienen terceros a trav√©s de un concurso y, aunque ellos paguen en 40, la otra empresa me a√Īade 80 d√≠as m√°s”, esgrime el administrador de Doublet Ib√©rica, que vaticina la persistencia de esta pr√°ctica. El secretario general de Pimec avala la existencia de la misma y certifica haberla presenciado con clientes del consistorio de la capital catalana. Ca√Īete propone apuntalar los concursos con cl√°usulas espec√≠ficas para cada contrato, que obliguen a las empresas a pagar en el mismo plazo que ella cobra de la administraci√≥n p√ļblica.

A una semana de que los Ayuntamientos tengan que presentar a Hacienda su listado de facturas impagadas, N√ļria y Salut siguen bregando con una dif√≠cil adecuaci√≥n de su actividad a clientes privados. La primera confiesa estar fracasando en el intento, la segunda empieza a conseguirlo, pero considera inviable abandonar la contrataci√≥n p√ļblica. Aun as√≠, augura que la reducci√≥n de estructura realizada le permitir√° “remontar”, si la Justicia le es favorable en los procesos abiertos por el despido de casi la totalidad de su plantilla.¬†Olivier ha negociado esta misma semana con ayuntamientos que piden poder retribuir su trabajo en 180 d√≠as.

Fuente: ElMundo.es