Empresarios asfixiados por la deuda municipal.

Asfixiado, lastrado por la inversión realizada, sin remuneración a la vista. Testigo de cómo la administración, su cliente, quebranta sistemáticamente la ley para convertirse en morosa. Y de cómo los ayuntamientos abanderan este incumplimiento. El pequeño y mediano empresario acumula facturas a la espera de la ejecución del plan gubernamentalpara sanear la deuda con dudas sobre el procedimiento y desconfianza en que los impagos no vuelvan a acumularse.

Núria, Salut y Olivier constituyen tres ejemplos palmarios. A la cabeza de tres pymes, han contemplado sus cuentas flaquear con proporcional velocidad a las arcas municipales. Caídas de facturación de hasta el 50%, despidos del grueso de la plantilla y farragosos procesos judiciales abiertos resumen las consecuencias de exceder con amplitud el límite de pago estipulado. Un abono en los 40 días que marca la legislación vigente es excepción reseñable para estos empresarios, recibir lo pactado en 90, algo habitual, y conseguirlo rebasado el año y medio una experiencia que los tres han sufrido.

Olivier Perrault, gerente de Doublet Ibérica, denuncia que el consistorio de Castellar del Vallès, en Barcelona, paga por sus servicios a dos años mientras cobra puntualmente las tasas municipales. O cómo ya lleva esperando tres para percibir los 50.000 euros adeudados por el ayuntamiento de Jaén. Esta filial de una empresa gala que fabrica e instala equipamientos para eventos, como escenarios o carpas, ha afrontado un aumento de la morosidad del 10% anual en los tres últimos ejercicios, con lo que se ve “totalmente comprometida” la viabilidad de su negocio y se felicita de depender de un grupo francés que pueda sustentarlo. “Allí los impagos se castigan, aquí los ayuntamientos esconden sus deudas para que los bancos les concedan créditos”, lamenta.

La aproximación al rigor europeo que reclama este empresario está obligatoriamente prevista para 2013, cuando la ley antimorosidad reducirá a 30 días el límite de pago de una administración pública a su proveedor, y una directiva europea obligará a su cumplimiento, so pena de sanciones. El afán del Ejecutivo por fulminar la deuda acumulada se antoja providencial para lograrlo, pero las dificultades del proceso y su futura reproducción planean. “Llevamos muchos años haciendo las cosas muy mal. Los plazos de pago han pasado de 157 días en 2010 a 162 en 2011. Cuando tendríamos que ir a reducirlos, vemos que se incrementan. Se ha comenzado un camino de reconocimiento de la deuda y compromiso de pago, pero nos hace falta uno de cumplir la ley”, señala Antoni Cañete, secretario general de la patronal Pimec y representante de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Salut Ribera es la propietaria de Naturalea Conservació, empresa dedicada a trabajos de restauración en espacios naturales y que trabaja, casi por entero, con entes públicos, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones. La disminución de la actividad ha lacerado su corporación junto a la morosidad, provocando que su facturación haya descendido de los dos millones de euros de hace dos años, al millón del pasado y empujándola a una exhaustiva reestructuración que ha implicado el despido de 23 de sus 26 empleados. Salut dice no cobrar nunca antes de los tres meses, marca el año como plazo habitual y atesora ejemplos como el del Ayuntamiento de La Palma, que le debe 65.000 euros desde hace seis meses o el de Jaén, el mismo que adeuda a Olivier 50.000 euros, y que acaba de ser condenado a desembolsar a esta empresaria los 140.000 que le tendría que haber hecho llegar hace un año y medio.

Representaciones Blázquez, la corporación de suministro de agua que dirige Núria Jarque, también ha visto reducida a la mitad su facturación. Ésta lo achaca exclusivamente a los impagos municipales, que según un estudio de la patronal de pequeñas empresas Cecot, suponen el 87% de los incumplimientos del sector público. Tampoco ella ha escapado a la espera judicial: tres años para obtener una sentencia. “Los bancos se niegan a refinanciar y, en muchos casos, cuando el fallo llega, la empresa ya ha quebrado”, alerta.

‘Demandar, demandar y demandar’

David Rúa se enfrenta diariamente a trances de este tipo. Este abogado, especialista en morosidad y asesor de la citada patronal, denuncia situaciones “surrealistas”, como la de un cliente al que la Generalitat Valenciana debe 100.000 euros y ha tenido que avalar dicha cantidad para cobrar por adelantado la deuda. Reclamar el ingreso por anticipado es posible cuando el montante supera los 30.000 euros, pero también es frecuente que el juez exija esa garantía para cubrir la posibilidad de que el demandado gane el proceso. “Cobrar de una administración pública es un camino muy tortuoso, pero trato de convencer a mis clientes de que demanden a mansalva”, relata Rúa. Y apunta que, en el caso de las corporaciones locales de menor tamaño, acudir al juzgado se convierte frecuentemente en garantía de pago inmediato.

El letrado propone, además, la inclusión de cláusulas de responsabilidad para castigar actuaciones de los alcaldes “caraduras” que “casi rozan la estafa”, como “continuar adelante con proyectos que sabían de antemano que no podían pagar, sólo para mantener los votos”.

El castigo sería deseable para Olivier, Salut y Núria, pero su preocupación capital es el cobro. El cobro íntegro o con los mínimos matices. Que el plan de choque del Ejecutivo incluya preferencia en el abono para aquellas empresas que perdonen parte de la deuda es rechazado por los tres gerentes. Núria y Olivier no aceptan ni tan sólo renunciar a los intereses de demora o los gastos bancarios, no lo contemplan dado que su abono “está recogido en la ley”. Salut sí olvidaría esta porción de lo adeudado pero, como sus homólogos, se cierra a negociar sobre la base del impago. “Puedo perdonar el 2%, pero no el 30%”, zanja.

Una ‘subasta perversa’

Esta cláusula ha despertado un rechazo coral. Cañete advierte de que el Gobierno está yendo a una “subasta que genera una situación injusta y perversa”. El secretario general de Pimec entiende que este mecanismoempujará a las empresas “más desesperadas” a actos “temerarios” con tal de situarse al inicio de la cola de cobro. Además, evidencia la diferente flexibilidad en función de la tipología de la corporación: “Una industrial ha tenido que comprar la materia prima, con lo que su capacidad de descuento es relativa, una de servicios, no, con lo que puede tener más margen”.

Más allá de la inminencia del reembolso y sus condiciones, los tres empresarios no pueden dejar de redundar en su verdadera obsesión: “Que se cumpla la ley”. Lo hacen sabedores de que el marco ya preveía evitar que se alcanzase el nivel de endeudamiento municipal actual y temerosos de perpetuar subterfugios ya aplicados. “Con el Ayuntamiento de Barcelona acabo cobrando a 120 días, porque siempre intervienen terceros a través de un concurso y, aunque ellos paguen en 40, la otra empresa me añade 80 días más”, esgrime el administrador de Doublet Ibérica, que vaticina la persistencia de esta práctica. El secretario general de Pimec avala la existencia de la misma y certifica haberla presenciado con clientes del consistorio de la capital catalana. Cañete propone apuntalar los concursos con cláusulas específicas para cada contrato, que obliguen a las empresas a pagar en el mismo plazo que ella cobra de la administración pública.

A una semana de que los Ayuntamientos tengan que presentar a Hacienda su listado de facturas impagadas, Núria y Salut siguen bregando con una difícil adecuación de su actividad a clientes privados. La primera confiesa estar fracasando en el intento, la segunda empieza a conseguirlo, pero considera inviable abandonar la contratación pública. Aun así, augura que la reducción de estructura realizada le permitirá “remontar”, si la Justicia le es favorable en los procesos abiertos por el despido de casi la totalidad de su plantilla. Olivier ha negociado esta misma semana con ayuntamientos que piden poder retribuir su trabajo en 180 días.

Fuente: ElMundo.es