El préstamo sindicado de 35.000 millones beneficiará en primer lugar a pymes y autónomos.

El préstamo sindicado de 35.000 millones que se canalizará a través de un fondo beneficiará primero a pymes y autónomos con facturas pendientes.

El pasado viernes, el Gobierno puso en marcha el vehículo para poder pagar a los proveedores las facturas pendientes con las administraciones públicas, ya sean los Ayuntamientos o las comunidades. Gracias a esta medida, el Estado podrá asumir el préstamo sindicado por unos 35.000 millones para empezar a abonar estas deudas, especialmente a pymes y autónomos, según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Este crédito sindicado estará avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos. Para canalizar los fondos, el Gobierno creará el Fondo para la Financiación de las Administraciones Territoriales (FFAT). Del total de dinero, 20.000 millones irán a parar a los Ayuntamientos y el resto a las comunidades.

Según Sáenz de Santamaría, el plan de pago a proveedores, que el viernes recibió el apoyo del Congreso con la aprobación del decreto ley, supone una medida de estímulo a la economía “en un año especialmente complicado”. Y además estima que permitirá recuperar la credibilidad de las Administraciones públicas. Según el Ejecutivo, “se trata de la mayor operación de refinanciación realizada en España”.

El instrumento de liquidez puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda consiste en un crédito sindicado, en el que participan los bancos, de 35.000 millones de euros con un plazo de devolución de 10 años y dos de carencia, como habían reclamado los alcaldes al Gobierno. Además, el tipo de interés del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado –con un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre lo que paga el Tesoro-. En la actualidad, este interés rondaría el 5%.

Una de las novedades que recoge este instrumento frente a lo aprobado hace unas semanas en el Consejo de Ministros es que incluye “las obligaciones pendientes de pago de los conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuntó el viernes en el Congreso que las facturas más antiguas tendrán preferencia de cobro y ha rechazado que sea obligatorio que los proveedores realicen descuentos en su deuda para poder cobrar. La norma ha sido avalada por Comunidades y Ayuntamientos esta semana. Una vez en vigor este plan de liquidez se prevé que los proveedores puedan comenzar a cobrar a partir de mayo.

Fuente: ElPais