Contra la morosidad pública, acudir al ICO.

Los continuos fracasos del anterior Gobierno socialista para tratar de inyectar liquidez en diversos sectores a través del ICO y, posteriormente, intentar que la elevada morosidad de las administraciones públicas dejase de asfixiar a sus diferentes proveedores no ha desanimado al equipo económico de Rajoy para volver a echar mano de la agencia financiera estatal con el fin de reducir la bolsa de facturas por pagar.

Ahora, para que no se repita el mismo resultado, el Ejecutivo popular ha decidido dar un nuevo enfoque a los préstamos: no serán las administraciones morosas las que recurran al ICO para poder normalizar sus plazos de pago, sino que la iniciativa corresponderá a los propios proveedores, es decir, los acreedores, quienes podrán reclamar lo que se les adeuda sin tener que pasar por las tediosas ventanillas habituales.

Esta fórmula presenta varios aspectos positivos, como la agilización que introduciría en las reclamaciones de las deudas pendientes, el probable afloramiento de aquellas facturas que pudieran seguir ocultas y –si el mecanismo se mantiene en el tiempo– evitar que esta práctica perniciosa pueda volver a reproducirse a futuro, además de su impacto sobre la liquidez disponible para el sector privado en un contexto en que, a causa de las crecientes exigencias de provisiones para la banca, se prolongará la sequía del crédito.

Las empresas afectadas son de la opinión de que si el conjunto del sector público inyectase de golpe en la economía todo lo que debe a sus proveedores, el impacto sobre el PIB nacional sería superior a un punto. Sólo en el caso de los ayuntamientos, las facturas pendientes con pymes y autónomos ascienden a 35.000 millones.

Sobre el papel, la renovada propuesta de Economía y Hacienda suena bien. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de persuasión que tengan sobre unas administraciones –básicamente ayuntamientos y autonomías– perezosas y acostumbradas desde antaño a dilatar sus pagos.

De los 3.400 millones puestos a su disposición por el anterior Ejecutivo para reducir su morosidad apenas usaron el 13%. Además, desde las instancias territoriales comienzan a llegar ya las primeras excusas de mal pagador: las condiciones financieras fijadas para los nuevos créditos del ICO –los intereses quedarán entre el 5,5% y el 6,2%, algo inferiores a los ofrecidos hasta ahora– y los plazos de devolución (que pasan de dos a tres años) no son tan favorables como esperaba la mayoría de los consistorios.

Fuente: Expansion.com