Constructores andaluces reclaman 700 millones en facturas ocultas.

Las críticas de opacidad y desconfianza que el Ministerio de Hacienda, y en especial el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han lanzado en las últimas semanas sobre las cuentas públicas de la Junta de Andalucía han tenido esta semana un respaldo claro y preocupante. Según ha podido saber elEconomista en fuentes del sector constructor andaluz, existe una bolsa de deuda oculta que llegaría a los 700 millones de euros, de los cuales al menos 400 millones ni siquiera están reflejados en facturas por la mala praxis de los representantes de la Junta desde hace al menos tres años.

Esta cifra no está recogida en los 2.763 millones de euros enviados por la Junta de Andalucía al Ministerio de Hacienda hace una semana para acogerse al plan de pago a proveedores auspiciado por el Gobierno central. Las patronales constructoras, que han denunciado esta semana la ocultación de facturas, no han dado sin embargo a conocer el volumen de esa deuda ni siquiera reconocida a la que sí ha tenido acceso este diario.

Y ello es así porque, según explica un constructor afectado, las obras se terminaban, se entregaban sin ser recepcionadas oficialmente y la propia administración sugería a la empresa no emitir factura, pues no tenía consignación presupuestaria disponible para abonarla. Una práctica totalmente irregular seguida desde hace al menos tres años. “O aceptábamos o no trabajábamos más con la Junta”, resume este empresario.

Entre 2007 y 2010, la Junta licitó 5.500 millones en obras de todo tipo para las que luego, tras la llegada de la crisis, se ha visto asfixiada para pagar. El presupuesto de Obras Públicas de 2012 es de 610 millones, tras caer un 25 por ciento, y se sitúa en niveles de 1999.

Listado

Pero la situación puede ser aún peor para este sector, y para las arcas públicas andaluzas y estatales. Los constructores estiman que las deudas totales pendientes de cobro por parte del Gobierno que preside en funciones José Antonio Griñán ascienden a unos 1.140 millones. De ellos, y descontados esos 400 millones situados en un limbo administrativo, hay también una buena parte que no han sido enviados por la Junta a Hacienda sobre el total restante de 740 millones que sí están contabilizados en la administración regional.

Las mismas fuentes estiman, siguiendo el ejemplo de la Agencia Andaluza de la Obra Pública que ha enviado sólo facturas equivalentes a la mitad de la deuda con el sector -en torno a 70 millones sobre 160-, que hasta 320 millones que sí están tramitados correctamente podrían haber sido excluidos. Es decir, la mitad de los 740 millones citados. De ahí que el volumen potencial de pagos pendientes con las constructoras, facturados o no, que no ha llegado a Hacienda en Madrid podría ser de más de 700 millones de euros. La Junta sólo ha detallado que el 97 por ciento de todas las facturas enviadas (en número, no en volumen económico) corresponde al sector sanitario.

De ahí que las fuentes consultadas consideren muy complejo que en el 3 por ciento restante puedan estar contenidos los 740 millones facturados o en proceso de facturarse, ya que en ese pequeño porcentaje hay que incluir a todos los otros sectores que no son sanidad.

Desconcierto y soluciones

Varias patronales se reunieron la semana pasada en Madrid con Enrique Ossorio, subsecretario de Estado de Administraciones Públicas, para exponer la problemática. El alto cargo rechazó hacer modificaciones en el real decreto que regula el plan de pagos a proveedores y se comprometió a estudiar una solución en coordinación con la Junta.

Las mismas patronales van a sentarse con la Consejería de Hacienda, que dirige Carmen Martínez Aguayo, a partir del 2 de mayo, ya que el plazo para acogerse al plan de pagos termina el 15. Una posibilidad, según las fuentes del sector andaluz, pasaría, primero, por que la Junta reconociera esa deuda oculta y la hiciera aflorar iniciando el procedimiento administrativo para ello; y, segundo, incluyendo no ya en el listado de facturas pendientes, sino bajo alguna forma en el plan de viabilidad que la Junta debe entregar como parte del plan los 320 millones sí contabilizados internamente por la Junta, pero no enviados a Hacienda.

Fuente: ElEconomista.es