Así está la economía real: las pymes temen la quita de los ayuntamientos.

El Gobierno concederá un crédito de 35.000 millones de euros a autonomías y municipios para que paguen a sus proveedores, pero el sistema establece que cobrarán antes aquellos que acepten un descuento sobre sus facturas.

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el nuevo sistema de pago de las deudas atrasadas a sus proveedores, ha provocado mucha inquietud. Las grandes constructoras ya se han quejado del sistema de quitas sobre las facturas que propone el Gobierno para los que quieran cobrar en un primer turno, pero son grandes corporaciones que tienen suficiente pulmón financiero para aguantar ya sea el descuento o la espera que les garantice el cien por cien del importe de la factura.

Quienes no tienen ningún pulmón financiero y día a día perecen ahogados son las pymes y los autonómos. A ellos el anuncio de Montoro asegurando que los ayuntamientos españoles pagarán una deuda histórica de 32.000 millones de euros les pareció, al menos en un primer momento, la mejor noticia en los últimos años. Sin embargo, una vez digerida la primera impresión, el sistema de quitas para cobraran antes les parece a la gran mayoría perverso.

El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y secretario general de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec , Antoni Cañete ha manifestado que desde la Plataforma, “valoramos muy positivamente una propuesta que soluciona la deuda de los ayuntamientos con sus proveedores. Era un compromiso de-Montoro con nosotros, igual que fue cambiar el tema del IVA de las facturas no cobradas”, explica Cañete, pero “desde las organizaciones patronales no podemos aceptar de entrada las quitas”. “Igual que nosotros no podemos dejar de ingresar el IVA, la Administración no puede hacer quitas”, añade.

En su opinión, el sistema “se puede convertir en una subasta a la inversa y provocar un efecto perverso en el que muchas pymes y autonómos pueden desaparecer”. Pese a ello Cañete reconoce “que habrá empresas que para seguir respirando aceptarán las condiciones, porque se trata antes de respirar que de comer”. Para evitar este efecto perverso, la Plataforma ha enviado una carta a Montoro para replantear el sistema y pedir que las cosas se hagan con orden.

La ATA, a favor del sistema

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) valora positivamente la propuesta del Gobierno. Su presidente, Lorenzo Amor, cree que el PP ha “cogido el toro por los cuerno” porque ha dotado este plan con “30.000 millones, que no tiene nada que ver con las líneas abiertas por el ejecutivo del PSOE, que apenas eran de 3.000 millones”.

El vicepresidente de la ATA en Canarias, Francisco Gómez, admite que la situación es tan desesperada para muchos autónomos que “es mejor esto que quedarse sin nada”. Aunque considera “ilógico” que se vean obligados a perdonar una parte de la deuda cuando llevan hasta dos años pendientes de cobrar, lo cierto es que “nos vamos a ver obligados a ir a quitas voluntarias o forzosas”, un sistema que “hay pymes y autónomos que ya lo están haciendo para poder cobrar”, advierte. Gómez pide que se concrete lo antes posible el porcentaje máximo que introducirá el Gobierno para las quitas. Según sus cálculos, las Administraciones canarias deben 2.000 millones a sus proveeedores.

Para la presidenta de ATA Madrid, Elena Melgar, “ahora mismo el autónomo puede cobrar sus deudas, siguiendo unas pautas, pero cobrarlas. Y no hay que olvidar que son muchos, 180.000, los autónomos madrileños que están afectados bien directa o indirectamente, por la morosidad pública y que necesitan este balón de oxígeno para poder salir a flote. Así pues, la inyección de efectivo en muchos pequeños negocios significará no tener que cerrar su puertas.”

Aragón apoya con matices

Para Jesús Morte, presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (Crea), el mecanismo es positivo y “lo reclamábamos desde hace tiempo y debería haberse adoptado mucho antes, puesto que los impagos por parte de las Administraciones han provocado que muchas pymes hayan tenido que vender activos e incluso cerrar”. Pero advierte que “un acuerdo voluntario entre una empresa y una administración puede ser correcto, pero no lo es forzar a los empresarios a renunciar a un dinero que les corresponde si no quieren tardar más en cobrar y, quizás con ello, tener que cerrar”.

Sin embargo, el presidente de la patronal aragonesa se muestra en desacuerdo “con la quita que se plantea para cobrar antes porque, por una parte, ya se ha hecho una especie de quita, y bastante importante, que es el tiempo que se ha tardado en pagar, cuyo coste financiero están soportando las empresas, y por otra muchas de ellas están en una situación tan difícil que no podrán soportar hacer esa nueva rebaja”.

Por su parte, para el secretario general de la Asociación de Autónomos y Profesionales de Aragón (UPTA), Álvaro Bajén, inicialmente el sistema establecido “es positivo porque obliga a los ayuntamientos a pagar”, aunque también se muestra en desacuerdo con las quitas o descuentos, aunque considera que “los autónomos se acogerán porque no les queda otro remedio por el score bancario y por el cierre del grifo de la financiación que hace que los autónomos tengan que trabajar en dinero contante y sonante o caerse. Si no hay financiación ni créditos, la única posibilidad es que cuando venga el dinero bienvenido sea”.

Además, el secretario general de UPTA Aragón también señala que otro de los problemas es que los autónomos suelen ser subcontratistas de las empresas, por lo que “se debe estar vigilante para saber cuándo las empresas cobran para que se pague también al autónomo”.

Valencia se niega a una subasta

El presidente de la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop), Carlos Turró, opina que la propuesta de quita demuestra que “no va a haber dinero para pagar a todo el mundo” y se pregunta “cómo van a hacer la quita los ayuntamientos, ¿con una subasta entre los acreedores?”. Turró, cuya empresa está en preconcurso de acreedores por los impagos de las Administraciones, que ascienden a unos 60 millones, afirma que el criterio para cobrar antes debe ser el de la antigüedad, sin quitas.

Según el portavoz de la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana, Vicente Peiró, “eso es inmoral, indecente y, si me apuras, hasta ilegal, porque no está prohibido, pero en la Ley de Morosidad hay varios preceptos que contradicen” la posibilidad de quita. Según Peiró, la treintena de empresas que forman la asociación no se plantean “ni por asomo” aceptar una rebaja para cobrar antes, aunque reconoce que “quien esté al borde de un concurso de acreedores es posible que acabe cediendo para evitarlo”. Añade que “esto va para largo, no empezarán a pagar hasta final de año como pronto”.

Parecidos argumentos esgrime la recién creada Asociación para la Defensa de las Empresas Acreedoras de la Admnistración (Adeaa), que considera “intolerable que el Gobierno propicie una suerte de subasta de la desesperación, según la cual cobrará antes quien más angustiado y, por tanto, más dispuesto a renunciar esté”. Adeaa da un último argumento, el de la confianza en el exterior, y se pregunta “qué confianza transmite un gobierno que establece como criterio para priorizar el pago de sus proveedores el descuento ofertado sobre el principal”.

La voz del País Vasco

En el País Vasco, la administración autonómica manifiesta tener pocas deudas con sus proveedores. Sin embargo, el secretario general de Unión de Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) de Euskadi, Koldo Méndez, señala que de los autónomos que tienen facturas pendientes de pago, “nadie viene a decirme que le han pagado, sino a quejarse de lo contrario”. Considera igualmente que las nuevas medidas para que a través de los bancos se paguen las facturas que adeudan las Administraciones vuelve a ser una medida que beneficia principalmente a las grandes empresas y a los bancos.

Para Méndez estos pagos debían haberse articulado a través de una  banca pública o en su defecto a través del ICO. El pago de dichas comisiones puede ser factible para las grandes empresas, pero el panorama es bien distinto entre los autónomos, y además recuerda que este tipo de profesionales está especialmente desprotegido, porque para obtener financiación ha tenido que avalar las operaciones con  su patrimonio personal. En su opinión, tanto como pagar las facturas atrasadas, hace falta reactivar la economía, ya que eso es lo único que permitirá conseguir nuevos contratos.

El presidente de la Federación de Autónomos de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, Javier Cepedano, que es también autónomo, cree que las Administraciones “se están aprovechando de la situación crítica” de este colectivo.

En Castilla y León uno de cada tres autónomos tiene pendiente algún pago de alguna Administración y en algún caso la asfixia financiera es absoluta. Hay casos en los que empresarios que facturan 400.000 euros al año tienen pendiente el cobro de 250.000.

En su opinión, es una “coacción” que se obligue a a aceptar quitas para cobrar antes de los ayuntamiento. “No se debe utilizar este recurso; hay que hacer frente a los pagos, sobre todo a los empresarios más pequeños y necesitados, como son pymes y autónomos. Además ya van a asumir los intereses de demora”. Aunque admite que la medida es “positiva”, Cepedano pone dos condiciones: que sea eficiente, es decir, que acabe totalmente con los problemas de morosidad que sufren autónomos y pymes, y, a la vez, que sea eficaz, en el sentido de que sea inmediata y nose demore el pago. También advierte de que uno de los aspectos a vigilar es la forma en que se va a hacer frente al reparto del dinero que se libere para los
ayuntamientos.

Las grandes empresas copan la mayor parte del volumen de deuda, por lo que teme que si no se aprueba el pago del montante total de la deuda, serán los autónomos los que tendrán que asumir mayores quitas para cobrar antes que las grandes compañías.

Quitas del 20 al 35%

Desde la Cámara de Ávila, una de las primeras instituciones que ha puesto un servicio para tramitar el cobro de las deudas, se considera “positiva” la iniciativa del Gobierno, pese a las lagunas técnicas y de tramitación que existen. Esta institución no prevé que vaya a haber grandes quitas, porque las que acumulan el mayor montante son medianas y grandes empresas y tienen mayor capacidad de aguantar financieramente y de litigar en los tribunales, una opción en la que se reducirán mucho los plazos si hay un reconocimiento de deuda por parte de los ayuntamientos.

Otro de los problemas que detecta la Cámara de Ávila es el de los pequeños proveedores de bienes y servicios de los municipios pequeños, cuya relación comercial nose establece a través de procedimientos recogidos por la Ley de Contratos del Estado sino que se hacen verbalmente. En ese caso, recomiendan también que se  solicite una certificación de deuda porque “aunque suelen ser pequeñas cantidades, sumadas adquieren un importe que puede ser importante”,  indican.

De cualquier manera, desde el órgano cameral prevén que las quitas giren en torno al 20 por ciento, que correspondería al beneficio industrial, aunque subrayan que si aumentan hasta el 30 o 35 por ciento sería una solución aceptable, teniendo en cuenta que en un procedimiento concursal pueden llegar hasta el 50 por ciento. No obstante, exigen que las quitas se hagan públicas para evitar que a los grandes proveedores se les dé privilegios.

La renuncia a reclamar

Otro de los aspectos que incluye la propuesta del Gobierno es la renuncia a reclamar vía judicial de todos aquellos empresarios que opten a cobrar mediante el nuevo sistema,  recuerda el portavoz de laPlataforma Multisectorial, Antoni Cañete. Según el director de Atención al Asociado de la Asociación de Jóvenes Empresarios deMadrid, César Martínez, “esta propuesta será bien recibida por parte de aquellos empresarios  cuyas cuentas de explotación tengan una alta dependencia de proyectos públicos, dado que estos impagos les supone un auténtico  problema de liquidez. Conocemos casos que se han visto obligados a paralizar su actividad, sin posibilidad de acceder a inyecciones de financiación y debiendo dejar colgados proyectos en firme con otros clientes. En los casos de empresas con carteras más diversificadas será insuficiente y se mantendrán las reclamaciones judiciales de cobro”.

Para el director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, Miguel Garrido, “nos preocupa una medida de este tipo, ya que las empresas han cumplido unos servicios y las Administraciones se han comprometido a pagar. No parece razonable que ahora se aplique una quita. Primar a los que se avienen a aplicarlo penaliza a los que no están dispuestos a hacerlo y están en su legítimo derecho.

Sobre todo porque hay empresas que no pueden hacerlo, como los intermediarios: cobrarían menos de lo que han pagado ya. Aunque también es cierto que hay empresas que ante una situación económica agobiante prefieren cobrar, aunque sea menos”.

Fuente: ElEconomista.es